Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el Estado nacional perdió más de 57 mil trabajadores. El recorte, amparado en el discurso de la austeridad, avanza sobre áreas estratégicas y deja miles de familias en la calle. En provincias como La Rioja, en cambio, se optó por un camino distinto: no despedir a nadie y defender el empleo como política de Estado.
El gobierno nacional lleva adelante uno de los mayores recortes del sector público desde la recuperación democrática. En casi dos años de gestión, la administración de Javier Milei redujo 57.621 puestos de trabajo, lo que equivale a un 16,8% de la dotación total del sector público nacional.
El ajuste se extiende por ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales. No distingue jerarquías ni funciones: alcanza a científicos, técnicos, administrativos, ferroviarios, comunicadores y hasta personal de las Fuerzas Armadas.
Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se trata de una poda sistemática que afecta tanto la prestación de servicios básicos como la capacidad del Estado para planificar, regular y asistir.
Correo Argentino encabeza la lista con más de 5 mil despidos, seguido por Operadora Ferroviaria (3.100), ARCA (3.100), Banco Nación (1.968) y Aerolíneas Argentinas (1.782). A esto se suman los recortes en organismos técnicos y científicos —CONICET, INTI y SENASA—, lo que compromete investigación, control sanitario y desarrollo industrial.
Detrás de estos números se esconde una concepción política: la del Estado mínimo. Milei y su gabinete justifican el ajuste en nombre de la eficiencia y la libertad, pero los datos muestran otra cosa: un Estado que se desarticula, que deja de cumplir funciones esenciales y que, al hacerlo, profundiza las desigualdades.
Mientras tanto, en el interior del país surgen señales de otro modelo. La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, es quizás el ejemplo más claro de resistencia a esa lógica.
Allí no se echó a ningún trabajador estatal, a pesar de la caída de transferencias nacionales —el gobierno nacional adeuda a la provincia más de 1.200 millones de dólares— y del impacto de la recesión.
El gobierno provincial mantuvo intacta la planta de personal, bajo la premisa de que detrás de cada empleo público hay un hogar que depende de ese ingreso y una red de consumo que sostiene la economía local.
La diferencia no es menor. En provincias como La Rioja, donde el Estado es el principal empleador, un ajuste de esa magnitud significaría un colapso económico y social.
Por eso, lejos de replicar la “motosierra”, el Ejecutivo riojano eligió garantizar la estabilidad laboral y reforzar la presencia del Estado en áreas sensibles como salud, educación, producción y desarrollo social.
⚖️ Dos modelos de país
Ese contraste deja en evidencia dos modelos de país:
uno que concibe al Estado como un obstáculo, y otro que lo entiende como una herramienta de equidad y sostén.
En el primero, la eficiencia se mide por la cantidad de despidos; en el segundo, por la capacidad de proteger a la gente.
Mientras la administración nacional celebra el achique como una victoria moral, La Rioja lo enfrenta como una amenaza a la cohesión social.
El informe del CEPA advierte que la reducción de más de 57 mil empleos públicos no es solo un número, sino una pérdida de capacidades institucionales que tardaron décadas en construirse.
Desde la logística estatal hasta la ciencia, desde la comunicación pública hasta la regulación energética, el país se vacía de estructura y saberes.
Frente a eso, la decisión riojana de preservar el empleo adquiere un sentido político profundo: sostener al Estado es, también, sostener a la comunidad.
El contraste es nítido:
mientras el gobierno nacional multiplica los despidos en nombre del ajuste, La Rioja apuesta por la protección del trabajo como política de resistencia y desarrollo.
Dos estrategias que expresan visiones opuestas de la Argentina: una que achica para ajustar, y otra que sostiene para incluir.
Y en ese espejo, lo que está en juego no es solo el futuro del empleo público, sino el modelo de país que quedará de pie después del brutal ajuste de Milei.