La investigación por la distribución de fentanilo contaminado, un potente opioide hospitalario que causó 111 muertes en toda la Argentina, ha tomado un nuevo impulso en el ámbito local. El juez de Instrucción N°2 de La Rioja, Héctor Daniel Barría, solicitó formalmente a la Justicia Federal que directivos de los laboratorios implicados sean puestos a disposición de los tribunales provinciales.
El pedido de la Justicia local
El magistrado riojano envió un exhorto al juez federal Ernesto Kreplak —quien lidera la causa nacional— para requerir la comparecencia de los empresarios Ariel Fernando, Damián Roberto y Diego Hernán García Furfaro. Estos directivos están vinculados a las firmas farmacéuticas bajo sospecha por la elaboración de los lotes adulterados.
La causa en La Rioja se caratuló inicialmente como “presunta defraudación en la calidad de las cosas entregadas”. Esta línea de investigación surge tras una denuncia de la droguería local Origim SRL, la cual habría sido receptora de las partidas bajo la lupa.
Situación en La Rioja: Secuestro de ampollas y alerta sanitaria
A diferencia de otros puntos del país donde el impacto fue letal, en nuestra provincia la rápida intervención de las autoridades evitó una tragedia humana. Según los reportes oficiales:
- Se secuestraron casi 200 ampollas pertenecientes al laboratorio HLB Pharma.
- No se reportaron víctimas fatales ni pacientes afectados en los centros de salud riojanos gracias a la detección temprana de los lotes.
El trasfondo de la tragedia nacional
La investigación general determinó que las ampollas, producidas por los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, contenían bacterias que resultaron fatales para pacientes en estado crítico. Además de las muertes confirmadas, hubo 48 sobrevivientes que sufrieron secuelas tras recibir el fármaco contaminado.
Actualmente, el juez Kreplak avanza con nuevas pericias sobre historias clínicas para determinar si existió negligencia criminal en los procesos de fabricación y control de calidad. En La Rioja, el objetivo de la justicia es deslindar responsabilidades sobre quiénes y cómo introdujeron estos fármacos en el mercado provincial.