El Gobierno nacional avanzó con un rediseño profundo del esquema de subsidios a la luz y el gas, con impacto directo en miles de hogares, incluidos los de La Rioja. La nueva política, denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reduce el universo de beneficiarios y endurece los criterios de acceso, en línea con la estrategia de ajuste del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei.
Según datos oficiales, desde el inicio de esta administración ya se recortaron los subsidios a 1,6 millones de hogares en electricidad y a cerca de 900.000 en gas. El cambio no solo implica una reducción fiscal, sino también un giro en el enfoque: el Estado abandona la segmentación amplia y avanza hacia un esquema más restrictivo basado en ingresos y patrimonio.
Quiénes quedan dentro y quiénes afuera
El nuevo sistema elimina categorías intermedias y establece solo dos grupos: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. El criterio central es que los ingresos del hogar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, según el INDEC. Sin embargo, el punto más controvertido es la incorporación de variables patrimoniales que pueden excluir automáticamente a familias, incluso si sus ingresos no son elevados.
Entre las principales restricciones, se destaca que poseer un vehículo con menos de tres años de antigüedad implica la pérdida inmediata del beneficio. Esta condición, que antes era más flexible, apunta directamente a sectores medios que ahora quedarán alcanzados por tarifas plenas.
Además, quedan excluidos hogares con tres o más propiedades, con acceso a bienes considerados de lujo —como embarcaciones o aeronaves— o con integrantes que posean activos societarios. La verificación de estos datos se realiza de manera automatizada mediante cruces mensuales entre organismos oficiales.
Impacto en La Rioja y el interior
En provincias como La Rioja, donde los ingresos promedio son más bajos que en los grandes centros urbanos, el recorte puede tener un doble efecto. Por un lado, parte de la población seguirá accediendo al subsidio por cumplir con los requisitos de ingresos. Por otro, sectores medios formales podrían quedar excluidos por criterios patrimoniales, generando aumentos significativos en las boletas.
El impacto será inmediato: quienes pierdan el subsidio comenzarán a pagar tarifas cercanas al costo real del servicio en el próximo ciclo de facturación. Esto abre un nuevo frente de debate sobre el costo de vida en el interior y la equidad en la aplicación de las políticas nacionales.
Centralización y control digital
Otro eje del programa es la centralización del trámite en una única plataforma digital, administrada por el Ministerio de Economía. El nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) reemplaza al esquema anterior y absorbe automáticamente a los usuarios ya inscriptos.
La digitalización apunta a mejorar el control y reducir errores, pero también plantea desafíos de acceso para sectores con menor conectividad o alfabetización digital, una problemática latente en varias zonas del país.
En este contexto, la política energética se convierte en un punto clave de tensión entre el objetivo oficial de reducir el gasto público y el impacto social de las tarifas en los hogares, especialmente en provincias como La Rioja.