A menos de un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027, el peronismo enfrenta una de sus preguntas más incómodas: si llega al gobierno, ¿cómo deshace el mayor ajuste de la historia argentina?
Desde que asumió, Javier Milei ejecutó una reducción del gasto público de alrededor del 30%, equivalente a 10 puntos del PBI. El recorte implicó la eliminación de la obra pública, la cancelación de programas sociales y sanitarios como Remediar y Volver al Trabajo, y una caída real de más del 10% en las jubilaciones y del 35% en los salarios del sector público, incluyendo a los docentes universitarios.
La pregunta es tan difícil como urgente. Y, por ahora, no tiene una respuesta unificada.
El debate que el peronismo no puede esquivar
La discusión se instaló con fuerza a partir de una proclama impulsada por Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, quienes sostienen mantener el orden macroeconómico como punto de partida. Luego se profundizó cuando Aníbal Fernández declaró que, al menos en un primer momento, preservaría el recorte de Milei.
El dirigente mejor posicionado en las encuestas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, evita comprometerse con medidas concretas. Su argumento es que las políticas a aplicar dependen del punto de partida que deje la gestión libertaria. Sin embargo, fue claro en una cosa: “A Milei no hay que imitarlo en nada. No nos van a convencer de que el problema es Milei y sus secuaces pero que están bien sus políticas”.
Cinco voces, distintas recetas
Para mapear el debate interno, distintos referentes económicos del peronismo expusieron sus posiciones. Los puntos de coincidencia son pocos pero concretos: renegociar la deuda con el FMI para aliviar vencimientos y avanzar en reformas impositivas progresivas. Las diferencias, en cambio, son profundas.
Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, apuesta a un shock redistributivo desde el arranque. Propone priorizar la acumulación de reservas en el Banco Central, aumentar fuertemente el salario mínimo, relanzar la obra pública y subir impuestos a las grandes fortunas. “Hay que apostar a un shock redistributivo”, afirmó sin rodeos.
Guillermo Michel, diputado nacional, traza una línea más moderada. Sostiene que el superávit primario actual, de 1,3% del PBI, permite incrementar algo el gasto sin romper el equilibrio fiscal. Pero es explícito: no volvería al nivel de gasto de 2023 ni repondría planes como el Volver al Trabajo. También advierte que el RIGI y la reforma de bienes personales serán muy difíciles de revertir por su estructura jurídica.
Julia Strada, diputada nacional, reconoce que el margen de acción está condicionado por esas mismas reformas y que el espacio fiscal es acotado. Señala que hay consenso en avanzar hacia un esquema más equilibrado y progresivo, pero que los condicionamientos son reales.
Emiliano Estrada, diputado nacional, propone una recomposición salarial del sector público del 10% desde el inicio y un plan de obra pública que, por su efecto multiplicador, casi no tendría costo fiscal neto. Descarta un aumento de 10 puntos de gasto desde el día uno, pero apuesta a que el crecimiento económico mejore la recaudación. Sobre la deuda, es tajante: “Así como está, no se puede pagar”.
Matías Kulfas, ex ministro de Producción, es el más cauteloso. Sostiene que sin acceso al crédito no hay margen para el déficit y que el gasto debe aumentarse de forma gradual, con foco en infraestructura, educación, salud y política industrial. También plantea que el tipo de cambio debe ser entre un 30% y 35% más alto para impulsar la actividad exportadora.
Lo que está en juego
El debate no es solo técnico. Detrás de cada posición hay una visión diferente sobre qué Argentina quiere construir el peronismo si vuelve al poder. La tensión entre estabilidad macroeconómica y recuperación social es el eje central de un partido que aún no resolvió cómo articular ambas metas.
Lo que es seguro es que las respuestas definitivas probablemente no lleguen antes del 10 de diciembre de 2027.
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