Adorni rectificó sus bienes y ahora enfrenta nuevas denuncias penales por omisión patrimonial
El vocero presidencial Manuel Adorni quedó en el centro de una tormenta judicial luego de que correcciones en sus declaraciones juradas revelaran un incremento patrimonial de más de medio millón de dólares que no había sido informado en tiempo y forma. La Justicia federal sorteó este martes nuevas denuncias penales vinculadas a las modificaciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
¿Qué pasó?
Adorni rectificó sus declaraciones juradas correspondientes a los años 2023 y 2024. En esas correcciones incorporó activos que no figuraban en las presentaciones originales: tenencias en dólares, criptomonedas, préstamos privados y bienes inmuebles. El resultado fue un salto patrimonial de proporciones difíciles de ignorar.
Los números que generan sospechas
En la declaración original de 2023, el vocero había declarado un patrimonio de aproximadamente $11,6 millones. Tras la rectificación, ese valor ascendió a casi $131 millones al inicio del período y a $515,5 millones al cierre. En 2024, el ajuste fue igualmente llamativo: de $107,8 millones iniciales a $662,6 millones después de la corrección.
El punto más sensible del caso es la admisión de unos USD 506.000 que no habían sido declarados. Según la versión del propio Adorni, ese dinero proviene de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Habría invertido USD 200.000 y obtenido ganancias adicionales por unos USD 300.000. Los fondos, según explicó, permanecían fuera del sistema bancario, guardados en un dispositivo físico de almacenamiento.
La contradicción que complica el caso
El trasfondo político agrava la situación. En abril de este año, Adorni había declarado públicamente ante el Congreso que “nunca existió ocultación alguna”. Las rectificaciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción contradicen, al menos en apariencia, esa afirmación. Esa tensión entre sus palabras y los documentos presentados es uno de los ejes sobre los que ahora trabaja la Justicia.
Las nuevas denuncias apuntan a determinar si las inconsistencias responden a errores contables o si configuran delitos como omisión patrimonial, falsedad en declaraciones juradas, evasión impositiva o lavado de activos. La resolución dependerá de los peritajes y del análisis de la trazabilidad financiera de los fondos declarados.
¿Qué define la Justicia?
Los tribunales federales deberán resolver si las nuevas presentaciones se acumulan en causas ya abiertas o si avanzan como expedientes independientes con nuevas medidas de prueba. El caso pone bajo la lupa no solo la situación judicial del vocero, sino también la coherencia del Gobierno nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas.
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