Ley de Tierras: el proyecto de Milei que alarma a campesinos e indígenas y amenaza la mesa de los argentinos
El gobierno nacional avanza en el Senado con la derogación de la Ley de Tierras Rurales y abre la puerta a la compra irrestricta por parte de capitales extranjeros. Organizaciones campesinas, pueblos originarios y especialistas en soberanía alimentaria advierten que la medida concentrará la propiedad rural, acelerará desalojos y pondrá en riesgo la producción de alimentos en todo el país.
Un proyecto con nombre engañoso
La iniciativa, denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y firmada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, propone derogar la Ley 26.737, que hasta ahora limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El argumento oficial es que esas restricciones desincentivan la inversión.
Sin embargo, para quienes trabajan el campo, el diagnóstico es radicalmente opuesto.
El proyecto también modifica el Código Civil para acelerar los procesos de desalojo, limita la capacidad del Estado de expropiar tierras y deroga artículos clave de la Ley de Manejo del Fuego. En paralelo, elimina la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que contemplaba la entrega de títulos comunitarios y el ordenamiento de territorios ancestrales.
Quiénes producen los alimentos y quiénes son dueños de la tierra
Los datos del Censo Agropecuario revelan una paradoja estructural del campo argentino: el 63,7% de las explotaciones pertenece a pequeños productores, pero apenas controlan el 13,4% de la superficie total. Aun así, son responsables del 60% de los alimentos frescos que llegan a las mesas del país.
El dato más crítico es que el 75% de esos productores no son propietarios de las tierras que trabajan.
Esta situación preexistente de vulnerabilidad podría agravarse de forma drástica si el proyecto avanza. Al acelerar los plazos judiciales, la nueva normativa habilitaría a terratenientes y corporaciones a reclamar tierras con titularidades dudosas y obtener órdenes de desalojo en tiempo récord, tanto en el campo como en zonas periurbanas.
La voz de los que producen
Para Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el problema va más allá de los plazos judiciales. Apunta a una deuda histórica sin resolver.
“Hay una deuda histórica con los sectores originarios y campesinos, que se ha trabado mucho en la posibilidad de regularización dominial. Algunas comunidades tienen títulos, pero un montón no. Y esto lo estamos hablando de todos los gobiernos”, señaló.
Levaggi advirtió que, si desaparecen los pequeños productores y los tambos, se pierde diversidad en la oferta alimentaria y los precios quedan en manos de grandes empresas. “Si no tenés una producción de alimentos diversa, sino grandes extensiones de monocultivo, lo que tenés son grandes empresas concentradas que te manejan el precio”, explicó.
El dirigente también graficó el impacto territorial con un ejemplo concreto: en Chacabuco ya no se produce verdura local. “Toda la verdura se trae del Gran La Plata”, señaló, apuntando al encarecimiento y la dependencia que genera ese modelo.
Tierra como activo financiero, no como bien común
Giuliana Alderete, investigadora de Tierra Nativa, organización argentina de Amigos de la Tierra Internacional, advirtió que el desafío para los pequeños productores no se limita a conservar lo que ya tienen, sino también a poder acceder a nuevas superficies en igualdad de condiciones.
Mientras una familia productora accede al mercado mediante créditos limitados o compras graduales de pequeñas parcelas, los actores corporativos operan con una capacidad financiera incomparablemente mayor. La consecuencia directa es que la tierra deja de funcionar como un bien con función social y se convierte en un activo especulativo.
Alderete también advirtió que la discusión no puede reducirse a la propiedad: “Hablar de tierra implica hablar de territorio y de las condiciones materiales que hacen posible la vida”, sostuvo, en referencia al control del agua, las vegas altoandinas y los territorios de uso comunitario en zonas áridas como Catamarca.
Soberanía alimentaria en riesgo
Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, planteó que el debate debe trascender la pregunta sobre quién es el dueño de la tierra. La pregunta central, según ella, es quién decide qué se produce, cómo se produce y para quién.
“La tierra no puede ser una mercancía más. Lo que ocurre con ella termina impactando sobre qué alimentos llegan a nuestras mesas, quiénes los producen y bajo qué condiciones ambientales y sociales”, alertó.
Graciano también advirtió que el contexto actual ya muestra un debilitamiento sistemático de las políticas que protegían la agricultura familiar, campesina e indígena, y que este proyecto podría profundizar ese proceso. En su análisis, el riesgo es concreto: desplazamiento de productores, pérdida de semillas, conocimientos, cultura alimentaria y biodiversidad.
“Con la extranjerización lo que perdemos, en definitiva, es soberanía”, concluyó.
El debate que viene
El proyecto será tratado en el Senado y su aprobación marcaría un cambio estructural en el modelo de tenencia de la tierra en Argentina. Para las organizaciones que alertaron sobre sus consecuencias, la discusión no es técnica ni económica: es política.
La pregunta que resume el debate la formuló Alderete: “¿Qué herramientas conserva el Estado para garantizar que el desarrollo económico sea compatible con la producción de alimentos, la protección de los bienes comunes y los derechos de quienes habitan esos territorios?”
—