Adorni y su esposa se acogen a la Ley de Inocencia Fiscal para evitar explicar su crecimiento patrimonial
El jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti solicitaron adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) el 9 de junio, según consta en los registros públicos de ARCA —antes AFIP—. La maniobra les permitirá tributar Ganancias únicamente sobre sus ingresos declarados, sin necesidad de justificar el incremento de su patrimonio durante el ejercicio fiscal 2025. La movida se concretó antes de que Adorni presentara su Declaración Jurada, aún pendiente.
¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal?
La norma fue impulsada originalmente por el diputado José Luis Espert y luego celebrada públicamente por el presidente Javier Milei como una herramienta para “devolver la libertad” a los ciudadanos de usar sus ahorros. Su mecanismo central es el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias: quien adhiere paga el impuesto exclusivamente sobre lo facturado, con independencia de cuánto haya crecido su patrimonio o sus gastos personales durante ese período.
En palabras del propio Milei al momento de su promulgación: “Al adherir, ARCA calcula el monto a pagar solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período”.
El patrimonio que no cierra
El problema para Adorni es que su situación patrimonial acumula una serie de operaciones que, hasta hoy, no tienen explicación pública:
– Adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, financiado con apenas 30.000 dólares propios y una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas.
– Reforma de una propiedad en el country Indio Cuá por un valor estimado de 245.000 dólares.
– Viajes a destinos como Punta del Este, Aruba y Llao Llao por más de 30.000 dólares.
– Gastos en tarjetas de crédito que superaron los 80 millones de pesos en 2025, cifra que excede ampliamente su sueldo como funcionario.
Con la adhesión a la Ley de Inocencia Fiscal, el matrimonio Adorni evitaría tener que dar respuestas sobre estas inconsistencias frente a la autoridad fiscal, al menos durante el período cubierto por el nuevo régimen.
Un funcionario que celebró la ley que ahora usa a su favor
La contradicción no es menor. En reiteradas oportunidades, Adorni fue uno de los principales promotores públicos de esta legislación. “La Ley de Inocencia Fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter tras su aprobación. Meses después, al momento de su reglamentación, volvió a celebrarla: “Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
Ahora, ese mismo argumento que utilizó para defender la norma frente a la ciudadanía es el que le permite, en su carácter de Persona Expuesta Políticamente (PEP), no rendir cuentas sobre su propio enriquecimiento.
La ley, tal como fue redactada, no establece ninguna excepción para los funcionarios públicos. Eso significa que quienes tienen el deber constitucional de transparentar su situación patrimonial pueden ampararse en el mismo mecanismo diseñado, en teoría, para proteger los ahorros de los ciudadanos comunes.
La Declaración Jurada de Adorni, que debería reflejar todos estos movimientos, todavía no fue presentada. Su contenido, cuando finalmente llegue, será clave para entender hasta qué punto la adhesión al régimen simplificado alcanza para cerrar las preguntas que hoy siguen abiertas.