Fondos viales como moneda de cambio: la denuncia que acusa al Gobierno de Milei de comprar votos en el Congreso
Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano pone en el centro del debate una acusación grave: el Gobierno de Javier Milei habría utilizado fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) para presionar a gobernadores y garantizar votos favorables en el Congreso. La causa ya tiene juez asignado y las cifras que acompañan el escrito son concretas.
La acusación en números
El impuesto a los combustibles líquidos (ICL), establecido por la Ley 23.966, genera una recaudación con destino específico: financiar la construcción y el mantenimiento de rutas. Sin embargo, según la denuncia, esos fondos habrían sido utilizados con otro fin.
Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, el Estado recaudó $1.503.252 millones por ese concepto. Solo ejecutó $394.406 millones. La diferencia, equivalente al 73,8% del total, permanecería colocada en instrumentos financieros como plazos fijos y letras del Tesoro, sumando un saldo de $1.038.779 millones sin aplicar a obras viales.
Pero el punto central de la denuncia no es la subejecución en sí, sino el destino selectivo de los pagos que sí se realizaron.
Una “lista de precios” legislativa
Pagano elaboró un detalle que vincula desembolsos del Banco Nación con fechas de votaciones clave en el Parlamento:
– Ficha Limpia (mayo 2025): $7.895 millones girados a Jujuy el mismo día en que el proyecto fue rechazado en el Senado, tras el cambio de voto de legisladores misioneros.
– Acuerdo con el FMI (marzo 2025): $6.596 millones concentrados en Santa Cruz luego de la aprobación del DNU 179/2025.
– Sesiones sobre vetos (agosto 2025): $20.983 millones distribuidos entre provincias durante la semana en que el Congreso trató los vetos presidenciales.
– Reforma laboral (febrero 2026): $17.139 millones girados entre el 11 y el 13 de ese mes, vinculados al apoyo de diputados misioneros y del jujeño Jorge Rizzotti.
– Ley de Glaciares (abril 2026): $12.551 millones girados entre el 8 y el 10, con Salta entre las beneficiarias.
– Hojarasca y Zonas Frías (mayo 2026): $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo.
El patrón que señala la denuncia es claro: durante los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que en el resto del mes.
Tres ventanas, más de la mitad del presupuesto anual
En los tres períodos de 2026 identificados en la investigación (febrero, abril y mayo), se desembolsaron $33.786 millones, equivalentes al 52,7% de todo lo pagado por el SisVial durante los primeros cinco meses del año. A su vez, el 41,5% de esos fondos se concentró en apenas tres provincias: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.
El caso santiagueño introduce una paradoja. La provincia recibió $9.886 millones, representando el 11,6% de los desembolsos totales del período, destinados supuestamente a la autovía de la Ruta Nacional 9. Sin embargo, sus legisladores votaron en contra del oficialismo en todas las ventanas legislativas analizadas. La denuncia incluye la hipótesis de un experto que advierte: “Si quiero esconder un pago incómodo, lo emito entre otros pagos”.
Rutas que no se arreglan
El contraste entre los fondos girados y el estado real de la infraestructura es uno de los argumentos más contundentes del escrito. La ruta 307 en Tucumán, por ejemplo, recibió $2.322,8 millones en las tres ventanas analizadas pero registra apenas el 20% de avance físico luego de tres años de demoras.
Este dato no es nuevo. El deterioro de las rutas nacionales ya había sido documentado periodísticamente antes de que la denuncia tomara estado judicial.
La causa y el antecedente
El expediente recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, el mismo magistrado que intervino en la causa Vialidad, el proceso judicial por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Pagano no dejó pasar la ironía: “Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente”.
El Gobierno aún no respondió formalmente a las acusaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los denunciados junto al presidente Javier Milei.
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