El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, presentada como un “alivio” para el campo y un incentivo para atraer dólares. Pero detrás de este gesto se esconde una renuncia fiscal millonaria: entre US$1.000 y US$1.800 millones podrían dejar de ingresar al Estado. Esa cifra no es menor. Equivale prácticamente a la deuda que la Nación mantiene con La Rioja por fondos coparticipables y extracoparticipables retenidos desde diciembre de 2023.
La decisión no es neutra. Mientras el gobierno deja de recaudar miles de millones para beneficiar a sectores exportadores, veta o bloquea leyes con fuerte impacto social, como la emergencia en discapacidad o el financiamiento de las universidades públicas. Las primeras, con efecto redistributivo y a largo plazo; la rebaja fiscal, con beneficios concentrados y corto alcance económico.
La ecuación es clara: priorizar concesiones tributarias para sectores de poder mientras se recortan derechos básicos y se niegan fondos a las provincias. No es un ajuste técnico, es una decisión política. Y esa decisión perjudica directamente a La Rioja, que ve comprometido su funcionamiento por la falta de transferencias nacionales.
La discriminación fiscal es evidente. Si el Ejecutivo tiene margen para ceder ingresos por miles de millones, ¿por qué no salda sus deudas con las provincias? ¿Por qué se recorta en salud, educación e inclusión mientras se benefician sectores con alta rentabilidad?
La ciudadanía merece respuestas. Estas decisiones no son solo números: son escuelas que no abren, hospitales que no funcionan, y derechos que se postergan. La equidad federal no puede ser sacrificada por estrategia electoral.