El Senado de la Nación volverá al recinto este jueves a las 11. Allí se tratarán dos temas de alto impacto político: el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en Discapacidad y un proyecto que busca regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), junto con la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.
La sesión estará marcada por el escándalo de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Los mismos involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a referentes como Eduardo “Lule” Menem. En ese contexto, se presentarán cinco cuestiones de privilegio. También se abordará la cautelar del juez Alejandro Maraniello, que intenta limitar la difusión de esos audios.
El interbloque peronista había impulsado un pedido de interpelación a Karina Milei. Sin embargo, la propuesta no tiene dictamen de comisión. Para habilitar el debate, se necesitarían dos tercios de los votos. Esa posibilidad parece poco probable.
Otro dato clave: la sesión no será presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ella quedará a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. En su lugar, ocupará la presidencia de la Cámara alta el libertario Bartolomé Abdala.
La ley vetada declaraba la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. También ordenaba la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación. Incluía el pago de deudas a prestadores y una mejora en las contribuciones por invalidez, que serían equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley vetada por el Poder Ejecutivo. La última vez fue en abril de 2003. Por eso, la jornada se perfila como histórica.
En paralelo, se debatirá el proyecto que limita el uso de los DNU. La propuesta fija un plazo de 90 días para su aprobación por ambas cámaras. Si no se cumple, el decreto se considerará derogado. Además, alcanza con el rechazo de una sola cámara para que pierda vigencia.
El dictamen fue impulsado por el kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Cuenta con un piso de 34 votos asegurados, aunque todavía no hay consenso pleno.