El Gobierno nacional oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema energético nacional.
A través del Decreto 695/2025, se dispuso la venta del 44 % de las acciones de la compañía a través de una licitación nacional e internacional. Otro 5 % se reservará para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, mientras que el Estado mantendrá el 51 % restante, conservando formalmente el control mayoritario.
La normativa establece que cualquier decisión estratégica —como ampliaciones, nuevas construcciones o desactivaciones— requerirá la aprobación del Poder Ejecutivo. No obstante, la medida ha generado preocupación en sectores políticos, científicos e industriales, que advierten sobre el riesgo de perder soberanía tecnológica en un área clave para el desarrollo nacional.
Con esta decisión, la administración de Javier Milei avanza en su política de apertura a la inversión privada en sectores considerados estratégicos. Aunque aún no se conocen los potenciales compradores, se espera interés de fondos internacionales y grupos energéticos que ven en el negocio nuclear una oportunidad de rentabilidad a largo plazo.
La venta de parte de Nucleoeléctrica se da en un contexto de fuerte recesión industrial. Desde fines de 2023, el país ha perdido más de 130.000 empleos en sectores como la construcción, la minería y la manufactura. Además, la producción industrial acumula una caída del 19 % en los últimos trece años, con rubros como el textil severamente golpeados por la apertura de importaciones y la caída del consumo.
La energía nuclear ha sido históricamente una de las áreas donde Argentina logró reconocimiento internacional por su capacidad científica y tecnológica. La decisión de avanzar en su privatización reaviva el debate entre eficiencia económica y soberanía nacional, y plantea interrogantes sobre el futuro del sector bajo una lógica de mercado.