La Rioja impulsa un régimen de refinanciación para aliviar el sobreendeudamiento familiar

El gobernador Ricardo Quintela y la diputada Lourdes Ortiz pusieron en marcha una iniciativa legislativa que busca proteger a las familias riojanas atrapadas en ciclos de deuda impagables. El proyecto apunta a regular los intereses, garantizar planes de pago accesibles y suspender temporalmente las vías de ejecución.

Un problema que excede a la provincia

El endeudamiento de los hogares riojanos creció en los últimos años como consecuencia directa del deterioro del poder adquisitivo y la necesidad de recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial decidió actuar desde el margen que le permite su competencia jurisdiccional.

La iniciativa fue elaborada por la diputada Lourdes Ortiz a partir de una propuesta del gobernador Ricardo Quintela. Se trata del Régimen Provincial de Refinanciación Responsable de Deudas en Mora y Protección frente al Sobreendeudamiento de las Familias, destinado a consumidores y usuarios financieros con domicilio en La Rioja.

Qué contempla el proyecto

El régimen alcanza a deudas de consumo con una mora igual o superior a 60 días. Entre las obligaciones incluidas figuran préstamos personales, tarjetas de crédito, mutuos y otras formas de financiamiento otorgadas por entidades bancarias, fintech, emisoras no bancarias y plataformas que operen en la provincia.

Uno de los puntos clave establece que quienes se encuentren en situación de mora podrán solicitar una refinanciación, y que el acreedor tendrá hasta 15 días hábiles para presentar al menos una propuesta de pago ajustada a las condiciones del régimen.

Los planes deberán extenderse entre 12 y 36 cuotas, y la tasa de interés no podrá superar la Tasa de Intereses Moratorios publicada por el Banco Central de la República Argentina. Además, el proyecto prohíbe la capitalización sucesiva de intereses punitorios y fija un tope del 2% sobre el monto refinanciado para gastos administrativos y comisiones.

Toda propuesta de refinanciación deberá informar de manera clara la tasa efectiva anual, el costo financiero total, el sistema de amortización y el monto final a pagar.

“Que el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”

Lourdes Ortiz fue clara al explicar el espíritu del proyecto: no se trata de condonar deudas ni de ignorar las obligaciones contraídas, sino de generar condiciones reales para cumplirlas.

“Estamos propiciando que el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”, sintetizó la legisladora.

En ese sentido, subrayó que muchas familias riojanas se endeudaron para afrontar necesidades básicas, y que la acumulación de intereses convirtió esas deudas en cargas imposibles de sostener.

El alcance de las facultades provinciales

Otro eje central del debate gira en torno a las competencias que tiene la provincia para intervenir en este tipo de relaciones. Ortiz aclaró que el proyecto no modifica la naturaleza de las deudas ni las garantías reales pactadas, sino que regula los procedimientos de ejecución.

“No estamos legislando sobre la garantía real que es la prenda, sino sobre la vía de ejecución”, explicó. La iniciativa plantea una suspensión temporal de esa vía para abrir un período de negociación entre deudores y acreedores.

Una respuesta local ante un problema estructural

Desde el Gobierno provincial reconocen que el sobreendeudamiento familiar es un fenómeno que trasciende las fronteras riojanas y que tiene raíces en la política económica nacional. Sin embargo, apuestan a que esta herramienta puede ofrecer un alivio concreto a los hogares más afectados.

La propia Ortiz advirtió que la solución integral requiere transformaciones más profundas. “Necesitamos condiciones económicas y de desarrollo muy distintas a las planteadas por la economía del país para poder solucionar integralmente el problema del endeudamiento”, afirmó.

El proyecto representa, por ahora, una apuesta del oficialismo provincial por proteger a las familias riojanas en un contexto de ajuste nacional, buscando equilibrar los derechos de acreedores y deudores dentro del marco legal disponible.