De 113 países a pedir auxilio a la Justicia: el modelo económico que destruye lo que funciona
Hay una historia que vale la pena contar bien, porque dice mucho sobre el momento que vive el país.
Laboratorio Pyam S.A., con planta en Gualeguaychú, Entre Ríos, no era una empresa cualquiera. Fundada en 1991, llegó a exportar el 70% de su producción a 113 países, principalmente en África, Centroamérica y Medio Oriente. Fabricaba pastillas y polvos desinfectantes, potabilizaba agua, trabajó con el INTI, y se posicionó como la única productora de ese tipo de insumos en Argentina y la región, y una de las tres en todo el mundo.
Eso era Pyam hace poco más de un año.
Hoy, la empresa presentó concurso de acreedores ante la Justicia comercial de Buenos Aires. El expediente lleva el número 15572/2026 y ya tiene síndico designado. La tarea ahora es ordenar las deudas para ver si hay algo que negociar con los acreedores.
¿Cómo se llegó hasta acá? Con la receta conocida: primero los atrasos salariales, luego las cargas sociales sin pagar, después los despidos. En 2025, el sindicato ya alertaba que faltaban parte del aguinaldo, los sueldos de agosto y septiembre y aportes retenidos desde abril. El 31 de marzo de 2026, ocho trabajadores recibieron el telegrama. Cinco intentaron entrar a la planta al día siguiente y Recursos Humanos les cerró la puerta. Lo que siguió fue protesta, paro y conflicto ante la autoridad laboral provincial.
Las deudas bancarias al momento de la presentación superaban los 107 millones de pesos, distribuidas entre cinco entidades. Y entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, la empresa acumuló 11 cheques rechazados por falta de fondos. Tres todavía seguían sin pagar en la última consulta disponible.
El caso Pyam no es un dato económico frío. Es el retrato de lo que le pasa a una empresa que exportaba al mundo cuando el mercado interno se contrae, el crédito se encarece y los costos operativos se van de las manos. Pudo haber sido un ejemplo de industria nacional con proyección global. Hoy es un expediente judicial.
La pregunta que nos queda en el aire, y que vale hacerse en Chilecito tanto como en cualquier otra ciudad argentina, es cuántas empresas más tienen que llegar a este punto antes de que alguien en el gobierno admita que el modelo tiene víctimas concretas, con nombre, apellido y familia esperando el sueldo.
¿Lo discutimos?