La crisis generada por la suspensión del corredor logístico del Proyecto Vicuña en Guandacol obligó al gobernador **Ricardo Quintela** a tomar intervención directa. El mandatario provincial confirmó que recibirá el próximo martes a representantes de la asamblea de vecinos, en un intento por descomprimir un conflicto que combina tensión social, impacto económico y cuestionamientos ambientales.
La medida judicial —dictada por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito— ordenó frenar por 30 días el uso del corredor clave para el acceso al yacimiento Josemaría, exigiendo a la empresa un informe de impacto ambiental. Aunque el fallo apunta a resguardar condiciones ambientales, su efecto inmediato fue la paralización de actividades vinculadas a la minería, eje económico de la zona.
Impacto económico y presión territorial
En Guandacol, más de 200 vecinos se organizaron en asamblea ante el temor de pérdida de empleos y caída de la actividad económica. Trabajadores, proveedores y sectores vinculados al proyecto minero advierten que la interrupción del corredor podría derivar en despidos y retracción productiva en el oeste riojano.
El intendente de Felipe Varela, **Hugo Páez**, expuso ante autoridades provinciales la preocupación social creciente y el clima de incertidumbre. Según planteó, evitar medidas de protesta más duras —como cortes de ruta— no elimina el riesgo de un deterioro laboral inmediato si la empresa reduce operaciones.
En paralelo, desde la Legislatura, el diputado **Yamil Sarruf** ofició de nexo entre la comunidad y el Ejecutivo, confirmando la audiencia con el gobernador y destacando la necesidad de canalizar el reclamo institucionalmente.
Un conflicto que expone tensiones estructurales
El episodio deja al descubierto una tensión recurrente en la política minera de La Rioja: el equilibrio entre desarrollo económico, generación de empleo y cumplimiento de estándares ambientales. La decisión judicial, aunque acotada en el tiempo, reabre el debate sobre los controles estatales y el grado de cumplimiento de compromisos asumidos por las empresas.
En este sentido, Sarruf señaló que existirían antecedentes de incumplimientos por parte de la firma, vinculados a obras comprometidas en la zona desde 2024, lo que agrega un componente político al conflicto y pone bajo la lupa la capacidad de control del Estado provincial.
La asamblea vecinal, por su parte, definió una estrategia que incluye la elaboración de un registro de afectados, acciones legales y la ratificación del respaldo al proyecto minero, evidenciando que el reclamo no es contra la actividad en sí, sino contra sus consecuencias inmediatas.
El desafío político del Gobierno
La intervención de **Quintela** llega en un momento clave: debe administrar un conflicto donde convergen demandas sociales urgentes y obligaciones institucionales. La reunión prevista buscará ofrecer certezas sobre la continuidad del proyecto y las fuentes laborales, pero también obligará al Ejecutivo a posicionarse frente a las exigencias ambientales que motivaron la suspensión.
El desenlace del encuentro no solo impactará en Guandacol, sino que puede sentar un precedente sobre cómo la provincia gestiona futuros conflictos entre minería, justicia y comunidades locales. En ese marco, el Gobierno provincial enfrenta el desafío de sostener su estrategia de desarrollo minero sin profundizar el malestar social en el interior.