Quintela le responde al Gobierno nacional: proyecto para blindar las tierras rurales de La Rioja
En pleno debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina, el gobernador Ricardo Quintela tomó la iniciativa y envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para regular y proteger el dominio rural riojano frente a la extranjerización.
La movida llega horas después de que el Gobierno nacional debiera retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras y a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, al no contar con los votos necesarios para su aprobación en el Senado.
Una respuesta provincial al retroceso nacional
Mientras el oficialismo nacional resignaba dos de sus puntos más polémicos para lograr la media sanción de su proyecto, La Rioja avanzaba en sentido opuesto: más regulación, más restricciones y mayor control sobre las tierras rurales.
La iniciativa presentada por Quintela reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial, sancionada el 22 de julio de 2024, y establece un marco específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras.
La tierra como recurso estratégico
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que la tierra no puede tratarse como un simple bien de mercado. La define como un componente esencial del Estado, ligado a la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
El texto también advierte sobre los riesgos de la concentración territorial en manos extranjeras, sobre todo cuando se trata de zonas de frontera, fuentes de agua, acuíferos o áreas de alto valor ambiental.
Con ese criterio, la iniciativa declara de orden público e interés provincial estratégico el régimen aplicable a las tierras rurales alcanzadas por la norma.
Límite del 3% y restricciones concretas
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca el establecimiento de un tope máximo del 3% de la superficie rural provincial que podrá estar en manos de extranjeros, límite que también deberá respetarse por departamento. Además, se incorpora un límite por nacionalidad para evitar procesos de concentración territorial.
La iniciativa prohíbe expresamente que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a inmuebles ubicados en:
– Franjas de seguridad de frontera.
– Predios con ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica.
– Áreas naturales protegidas, reservas de biosfera y parques provinciales.
– Sitios arqueológicos y culturales.
– Tierras destinadas a la agricultura familiar y programas de colonización estatal.
– Espacios estratégicos para el desarrollo provincial.
Registro, certificados y sanciones
Para garantizar el cumplimiento, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, organismo encargado del relevamiento permanente del dominio rural y del control de las operaciones alcanzadas por la ley.
Toda operación en la que intervengan sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación como requisito indispensable para su inscripción registral.
El régimen sancionatorio prevé la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y la obligación de vender o desprenderse de las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de 360 días. También ordena un relevamiento obligatorio de todos los actuales titulares extranjeros de tierras rurales dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la futura ley.
Una definición política clara
El envío del proyecto no es solo una decisión técnica: es una toma de posición. En el mismo momento en que el Gobierno de Javier Milei debía retroceder en el Congreso sobre la regulación de tierras extranjeras, La Rioja decidía avanzar con un esquema propio que incorpora límites más estrictos, amplía las restricciones de acceso y pone el foco en la protección de los recursos hídricos, ambientales y territoriales que considera estratégicos para su desarrollo.
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