La provincia de La Rioja formalizó su ingreso en la disputa regulatoria por la construcción de la línea de alta tensión de 500 kV vinculada al proyecto minero Josemaría, en San Juan, y fijó una postura que impacta de lleno en la viabilidad económica del emprendimiento. A través de una presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el gobierno provincial condicionó su aval a que la empresa Vicuña Argentina financie las obras necesarias para integrar a La Rioja al sistema.
La decisión, oficializada en la Resolución 219/2026 del ENRE, introduce un nuevo actor con peso político en un debate que ya generaba tensiones. El planteo riojano es concreto: no se debe autorizar el uso de la capacidad de transporte solicitada por la minera hasta que se garantice que los costos de infraestructura no recaerán sobre el Estado ni sobre el sistema eléctrico general.
Un conflicto por el control y el financiamiento
El eje del conflicto se remonta a la Resolución 79/2026, que otorgó a Vicuña Argentina el 90% de la capacidad disponible de la futura línea por un período de 25 años. Esa decisión, considerada estratégica por el sector minero, fue interpretada por distintas jurisdicciones como una cesión desproporcionada de un recurso clave.
En este contexto, La Rioja busca reposicionar su rol en el esquema energético regional. La exigencia de que la empresa financie la interconexión apunta a evitar que una obra pensada para abastecer a un proyecto privado termine siendo solventada, directa o indirectamente, por fondos públicos.
Desde el gobierno provincial sostienen que el planteo no solo es económico, sino también estructural. La posibilidad de conectar la red riojana al sistema de alta tensión permitiría reducir la dependencia energética y mejorar la capacidad de desarrollo productivo.
Impacto político y estratégico
La postura de La Rioja eleva el nivel del debate y anticipa una audiencia pública con múltiples intereses en juego. El secretario de Energía provincial, Alfredo Pedrali, ya había cuestionado el esquema al advertir que no corresponde “entregar a un privado una infraestructura construida con esfuerzo de todas las provincias”.
Además, el funcionario alertó que, de avanzar el proyecto sin modificaciones, podría verse comprometida la futura interconectividad de La Rioja, lo que transformaría una obra estratégica en un factor de desigualdad regional.
La audiencia pública, convocada para el 3 de junio, será virtual y contará con la participación de distintos actores, incluidos municipios sanjuaninos como Jáchal e Iglesia, también afectados por el desarrollo del proyecto.
Un debate abierto sobre el modelo energético
El caso expone una discusión de fondo: quién debe financiar la expansión de la infraestructura energética en un contexto de crecimiento de la minería a gran escala. Mientras las empresas buscan certezas para garantizar sus inversiones, las provincias reclaman condiciones que resguarden sus intereses y eviten transferencias de costos al sector público.
El desenlace de este proceso no solo definirá el futuro de la línea de 500 kV, sino también el equilibrio entre desarrollo minero, federalismo energético y distribución de recursos en la región.