La negociación entre el Gobierno de La Rioja, intendentes del oeste provincial y la empresa **Vicuña Corp** ingresó en una etapa clave con un objetivo central: asegurar beneficios concretos para la provincia en el desarrollo del proyecto minero Josemaría. El eje del debate ya no es solo la inversión, sino cómo se distribuyen sus impactos económicos, laborales y ambientales en el territorio riojano.
El encuentro reunió a la vicegobernadora **Teresita Madera**, los intendentes **Luis Orquera** (General Lamadrid) y **Hugo Páez** (General Felipe Varela), junto a funcionarios del gabinete provincial y autoridades de la empresa. Allí, los jefes comunales plantearon reclamos históricos que exponen tensiones estructurales en torno a la actividad minera.
Demandas locales y presión política
Los municipios involucrados fijaron tres condiciones para avanzar en un acuerdo: contratación de mano de obra local, participación de proveedores riojanos y compensaciones por el impacto del tránsito pesado vinculado a la actividad minera. Este último punto, vinculado al deterioro de rutas y al impacto ambiental, aparece como uno de los principales focos de conflicto.
El planteo de los intendentes no es menor: buscan evitar que La Rioja quede relegada a un rol secundario en un proyecto de escala nacional, cuya explotación se desarrolla principalmente en San Juan pero con efectos directos en territorio riojano.
El intendente **Orquera** reconoció avances en el diálogo, aunque dejó en claro que el acuerdo final dependerá de respuestas concretas a los pedidos planteados. La referencia a “dejar los desencuentros atrás” evidencia que las negociaciones previas estuvieron marcadas por fricciones.
El rol del Gobierno provincial
En paralelo, el gobernador **Ricardo Quintela** encabezó una reunión con la cúpula de **Vicuña Corp** para consolidar un esquema de cooperación más amplio. Desde el Ejecutivo se busca alinear este acuerdo con el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026-2030, presentado recientemente como hoja de ruta del sector.
La estrategia oficial apunta a posicionar a la minería como motor económico, pero con شروط claras: empleo local, desarrollo de proveedores y control ambiental. En este sentido, Quintela remarcó que la provincia no resignará su potestad sobre la fiscalización ambiental, un aspecto sensible en la discusión pública.
Infraestructura y señales concretas
Uno de los pocos anuncios tangibles surgidos de las reuniones fue la construcción de un bypass en **Guandacol**, prevista para los próximos 60 días. La obra busca mejorar la logística del transporte minero y reducir el impacto en zonas urbanas, una demanda sostenida por la comunidad.
Sin embargo, más allá de este avance, el desafío sigue siendo traducir los compromisos en políticas verificables y sostenidas en el tiempo.
Un punto de inflexión en la relación con la minería
El proceso de negociación marca un intento de redefinir el vínculo entre La Rioja y los grandes proyectos extractivos. El Gobierno provincial busca evitar el esquema tradicional donde los beneficios se concentran fuera del territorio, mientras que los costos quedan localmente.
En este contexto, el acuerdo con **Vicuña Corp** se transforma en un caso testigo: su resultado podría sentar un precedente sobre cómo la provincia negocia su participación en futuras inversiones mineras y hasta qué punto logra convertir la actividad en desarrollo real para sus comunidades.