Un socio de Martín Menem fue embargado y convocado a indagatoria por corrupción en la obra social de los peones rurales
La justicia avanza sobre el entorno del presidente de la Cámara de Diputados en una causa que investiga contrataciones millonarias irregulares en Osprera y que salpica directamente a la familia Menem.
La causa toma forma
Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en la empresa TR Nutrition —dedicada a la venta de suplementos nutricionales—, fue citado a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntos actos de corrupción en la Obra Social de los Peones Rurales Eventuales de la República Argentina (Osprera).
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan son quienes llevan adelante la investigación, que pone el foco en contrataciones que superaron los 260 millones de pesos realizadas a HTECH Innovation, una firma de consultoría informática cuya titularidad recae en el propio Aguirre.
El detalle que encendió las alarmas de la Justicia es revelador: HTECH Innovation fue creada en 2024 y tuvo como primer cliente a Osprera. Las primeras dos facturas emitidas por la empresa —identificadas como 0000001 y 0000002— fueron dirigidas a esa obra social. La sospecha judicial es que esas contrataciones constituyeron una maniobra para desviar fondos públicos.
Como parte de la investigación, la Justicia ordenó el embargo de las cuentas de la firma. Junto a Aguirre, también fueron citados a indagatoria los interventores designados por el gobierno nacional: Virginia Montero y Marcelo Petroni, este último identificado como un abogado con vínculos políticos a Lule Menem.
Los mensajes que comprometen a los Menem
La causa tomó una dimensión política mayor cuando el fiscal Marijuan accedió a conversaciones de WhatsApp entre Petroni y Aguirre. En uno de esos intercambios, el interventor escribió: “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”. En otro mensaje, fue aún más directo: “Nosotros somos Lule y Karina”.
El diario Clarín reveló además que Petroni mantuvo reuniones con Martín y Lule Menem en Casa Rosada, y que Lule recibió en su despacho al propio Aguirre junto a los interventores. Los mensajes también incluyen frases como “Avisale a Lule”, lo que refuerza la hipótesis de que el control político de la intervención excedía la figura de los funcionarios designados formalmente.
Una intervención polémica desde el inicio
La intervención de Osprera arrastra una larga cadena de irregularidades y denuncias. El sindicato Uatre, conducido por José Voytenco, denunció desde el principio una maniobra del Ejecutivo nacional para apropiarse de la segunda obra social más grande del país. En ese esquema aparecen el diputado nacional Pablo Ansaloni —opositor interno en el gremio—, los Menem y el ministro de Salud, Mario Lugones, quien firmó la resolución que dio inicio a la intervención.
En enero de este año, el juez Casanello había ordenado levantar la intervención y restituir a las autoridades gremiales de Uatre. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y restableció el esquema intervencionista. El 4 de marzo, Lugones firmó una nueva intervención por 180 días, esta vez bajo la conducción de César Lococo.
El caso suma así una nueva arista judicial en un escándalo que combina poder político, manejo de fondos sociales y la presunta utilización de empresas privadas para desviar recursos destinados a los trabajadores rurales del país.
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