Zárate confirma 20 denuncias en escuelas y endurece la respuesta penal en La Rioja
La escalada de amenazas en establecimientos educativos de la capital riojana ya tiene una respuesta política concreta. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, **Miguel Zárate**, confirmó que existen al menos 20 denuncias formales por intimidaciones en escuelas y que en varios casos ya fueron identificados los presuntos responsables, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
El dato no solo expone la magnitud del fenómeno, sino que también marca un giro en la estrategia oficial: dejar de tratar estos episodios como hechos aislados o “bromas” para encuadrarlos directamente como delitos penales.
Un problema que escala y obliga a actuar
Las amenazas —que incluyen mensajes intimidatorios, pintadas y falsas advertencias de bomba— generaron evacuaciones, interrupciones de clases y un creciente clima de preocupación en la comunidad educativa. Frente a este escenario, el Gobierno provincial decidió reforzar la articulación entre el sistema educativo, la Policía y la Justicia.
Según explicó **Zárate**, cada denuncia activa un protocolo que involucra a distintas áreas de seguridad, incluyendo Asuntos Juveniles, Investigaciones y comisarías locales. El objetivo es identificar rápidamente a los autores y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.
De la prevención al castigo
Uno de los puntos centrales del mensaje oficial es el endurecimiento del enfoque: las amenazas son consideradas intimidación pública, un delito tipificado en el Código Penal. Esto implica consecuencias legales concretas para quienes resulten responsables, incluso si se trata de menores de edad.
En este sentido, el ministro fue claro al señalar que ya se iniciaron procesos penales en varios casos, lo que evidencia una decisión política de desalentar estas conductas mediante sanciones efectivas.
Contención y abordaje social
Sin embargo, la respuesta no se limita al plano punitivo. Desde el Ejecutivo provincial remarcan que el abordaje también incluye instancias de contención psicológica y social, tanto para los involucrados como para las comunidades educativas afectadas.
Este enfoque mixto —que combina sanción y asistencia— busca atender una problemática que no solo tiene implicancias legales, sino también sociales y culturales, en un contexto donde las amenazas muchas veces se viralizan a través de redes sociales.
El trasfondo político
La situación plantea un desafío para la gestión provincial: garantizar la seguridad en las escuelas sin generar sobrerreacciones que afecten la normalidad educativa. Al mismo tiempo, expone la necesidad de políticas más profundas en materia de convivencia escolar, uso responsable de la tecnología y prevención de la violencia simbólica.
Con 20 denuncias ya registradas y casos en investigación, el Gobierno de La Rioja intenta mostrar control y firmeza frente a un fenómeno que, lejos de ser anecdótico, empieza a consolidarse como un problema estructural.