La disputa política y judicial en torno al proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo con una decisión clave de la Justicia de San Juan, que ordenó garantizar la continuidad operativa del emprendimiento. La medida cautelar se dictó como respuesta directa a una resolución previa de la Justicia de La Rioja que había restringido el tránsito en una ruta provincial, afectando el corredor logístico del proyecto.
El fallo sanjuanino establece que ningún actor, público o privado, puede obstaculizar las operaciones vinculadas al proyecto, salvo las autoridades competentes de esa provincia. En los hechos, la decisión busca neutralizar el impacto de la medida adoptada en territorio riojano y asegurar la actividad minera bajo jurisdicción sanjuanina.
Un conflicto que trasciende lo judicial
La resolución deja en evidencia un conflicto interprovincial que ya no se limita a lo técnico o ambiental, sino que adquiere una dimensión política. La Rioja, al suspender el corredor logístico, había marcado una postura de mayor control sobre el impacto territorial del proyecto, en un contexto de creciente tensión social, especialmente en zonas como Guandacol, donde persisten protestas y reclamos vecinales.
Por su parte, San Juan refuerza su estrategia de respaldo a la actividad minera como motor económico, apoyándose en decisiones judiciales que sostienen la continuidad del proyecto.
La posición de la empresa
Desde la firma a cargo del proyecto Vicuña confirmaron que continuarán operando mientras analizan el alcance de la resolución riojana. Además, señalaron que cuentan con habilitación del Ministerio de Minería de San Juan y que sus actividades se desarrollan dentro del marco legal vigente en esa provincia.
Este posicionamiento empresarial también refleja una disputa de fondo: la definición de competencias y límites entre jurisdicciones cuando los proyectos productivos impactan en más de un territorio.
Impacto político y escenario abierto
La superposición de decisiones judiciales en distintas provincias abre interrogantes sobre la coordinación institucional y la seguridad jurídica en proyectos estratégicos como la minería. A su vez, expone las tensiones entre desarrollo económico, control ambiental y demandas sociales.
En La Rioja, el conflicto podría escalar si se profundizan las restricciones o si las comunidades mantienen las medidas de protesta. En paralelo, la decisión de la Justicia sanjuanina refuerza la postura de esa provincia y podría derivar en nuevas instancias judiciales o políticas para resolver la disputa.
El caso Vicuña se consolida así como un punto crítico en la agenda regional, donde se cruzan intereses económicos, decisiones políticas y reclamos sociales, sin una solución definitiva a la vista.