La provincia de La Rioja volvió a escalar su estrategia política frente al avance de la minería en la cordillera y ahora puso el foco en proyectos vinculados al grupo empresarial Lundin. La advertencia surge pocos días después del acuerdo con Vicuña y reabre la tensión con San Juan por límites territoriales, control de recursos y regulación ambiental.
El ministro de Producción, Ernesto “Harry” Pérez, planteó públicamente la preocupación del Gobierno riojano por la posible explotación de recursos en zonas que considera propias. El eje del nuevo conflicto es el proyecto Lunahuasi, operado por NGEx Minerals, empresa asociada al mismo holding que impulsa Vicuña.
Disputa por territorio y recursos
Según la posición oficial, parte de las áreas en exploración podrían estar dentro del territorio riojano, incluso en sectores sensibles como la zona del glaciar El Potro. Bajo ese argumento, la Provincia anticipó que exigirá estudios de impacto ambiental y avanzará con informes técnicos para sustentar su reclamo.
Pérez fue contundente al advertir que no se trata solo de una discusión geográfica, sino también ambiental y política. La administración de Ricardo Quintela busca posicionarse como actor central en decisiones sobre recursos estratégicos que históricamente quedaron bajo órbita sanjuanina.
El rol del Estado provincial
El ministro también confirmó que el titular de Ambiente, Santiago Azulay, ya trabaja en un informe sobre presuntas irregularidades para elevar al Ejecutivo. La utilización de imágenes satelitales y coordenadas refuerza la intención de formalizar el planteo y, eventualmente, avanzar por vías administrativas o judiciales.
Este movimiento se enmarca en una política más activa del Gobierno riojano, que en las últimas semanas mostró disposición a intervenir directamente en el desarrollo minero regional.
De Vicuña a Lunahuasi: una escalada en etapas
El conflicto no es aislado. Se da inmediatamente después de la controversia por el uso de caminos riojanos para acceder al proyecto Vicuña, en San Juan. En ese caso, la Provincia impulsó un amparo judicial y desplegó controles policiales para reforzar su autoridad sobre el territorio.
Sin embargo, tras ese episodio también hubo señales de distensión, con un acercamiento entre Quintela y directivos de la minera. Ese doble movimiento —negociación y presión— marca una estrategia que combina diálogo con firmeza institucional.
El trasfondo político y económico
La disputa expone un debate más profundo en la región: quién controla los recursos de alta montaña y bajo qué condiciones se desarrollan los proyectos extractivos.
Mientras San Juan consolida inversiones en oro y cobre, La Rioja busca reposicionarse, no solo como territorio de paso, sino como jurisdicción con poder de decisión. El reclamo por estudios ambientales y la mención de glaciares también introduce una variable clave: el costo ambiental frente al desarrollo económico.
En este contexto, el Gobierno riojano parece decidido a elevar el tono y disputar protagonismo en el mapa minero, aun a riesgo de profundizar tensiones interprovinciales y con actores privados.