La Rioja le reclama 1.500 millones de dólares a la Nación y la Corte no se apura
Hay una cifra que vale la pena repetir: 1.500 millones de dólares. Eso es lo que la Provincia de La Rioja considera que el Estado nacional le debe. Y hay otra cifra igual de elocuente: cero avances concretos en el proceso judicial que debería resolver ese reclamo.
El fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, lo dijo sin vueltas. Fueron a una audiencia con la Nación demandada, la Corte Suprema ya unificó las causas, pero el expediente no se mueve. Dos reclamos distintos, uno iniciado en 2018 por el histórico punto de coparticipación que La Rioja sostiene que le corresponde, y otro presentado en 2024 por los fondos compensatorios, hoy conviven en un solo expediente que duerme el sueño de los justos en el máximo tribunal del país.
Mientras tanto, las finanzas provinciales siguen absorbiendo ese golpe mes a mes. Rodríguez no fue tibio: “los tiempos transcurren y la Provincia se ve muy perjudicada”. Es una verdad simple que tiene consecuencias concretas para los riojanos, para los servicios, para las obras, para el presupuesto real de una provincia chica que depende en buena medida de esos fondos federales.
La respuesta del Gobierno provincial no es pasiva. El fiscal ya se presentó ante el secretario de la Corte para pedir celeridad, y la semana próxima estaría ingresando un pronto despacho para forzar el ritmo del proceso. Es la herramienta procesal disponible cuando el tribunal no avanza por su cuenta.
La confianza del Gobierno provincial en el resultado es explícita: Rodríguez afirma tener la certeza de que el fallo será favorable a La Rioja.
El problema, claro, no es la confianza en ganar. El problema es cuánto tiempo más va a pasar hasta que haya una resolución. Porque en la Justicia argentina, los tiempos pueden devorar cualquier victoria si llegan demasiado tarde.
La pregunta que queda flotando es una sola: ¿cuánto le cuesta a La Rioja cada mes que la Corte no se pronuncia? Porque detrás de ese número de 1.500 millones hay escuelas, rutas, hospitales y salarios que podrían contar otra historia.
¿Vos creés que la Corte debería priorizar estos reclamos provinciales? Contanos tu opinión.