AySA: el agua de 14 millones de argentinos, entregada a precio de saldo y sin que nadie pueda preguntar nada
El agua no es un commodity. No es una empresa de telecomunicaciones ni una concesionaria de autopistas. Es el recurso más básico que existe, y esta semana quedó en manos privadas a través de una licitación que generó más preguntas que certezas.
El consorcio formado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX se quedó con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos SA por 340 millones de dólares. El número suena grande hasta que uno recuerda que el propio Ministerio de Economía estimaba el valor en 450 millones. Es decir: la brecha entre lo que valía y lo que se pagó supera los 100 millones de dólares. Y los usuarios que van a sostener el servicio durante los próximos treinta años no pudieron acceder a ningún dato sobre la valuación real ni sobre el estado de los pasivos ambientales de la empresa.
El Data Room, el repositorio con toda la información sensible de la operación, estuvo blindado exclusivamente para los privados interesados. Ni el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, pudo obtener respuestas a sus pedidos formales bajo la Ley de Acceso a la Información Pública. Tuvo que ir a la Justicia federal. Y el amparo todavía espera resolución.
Pero hay algo más. El grupo adjudicatario ya conoce sus ingresos futuros: fuentes del ERAS indican que esperan una recategorización tarifaria por zonas que les garantizaría unos 93 millones de dólares adicionales por año. El ciudadano, en cambio, se va a enterar cuando llegue la boleta.
Y después están los cruces. Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, es proveedor histórico del cloro con el que AySA potabiliza el agua desde 2009. Y también es socio en el control de Edenor, la distribuidora eléctrica de la que AySA es el mayor cliente en el AMBA. Un mismo grupo, a ambos lados del mostrador. Además, firmas del holding Equo Capital, del que forma parte Rowing, aportaron 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. La Justicia electoral tendrá que ver si eso es legal o no.
Y sobre todo esto sobrevuela el nombre de los hermanos Neuss, que ya habían quedado en el centro de la polémica por su rol en la privatización de Transener, con millonarios recursos acumulados en reservas estatales previo al traspaso.
La adjudicación no está firmada todavía. La Comisión de Evaluación tiene que dar el visto final. Ese es el momento. El último para que la valuación real, el inventario ambiental y el esquema tarifario completo salgan a la luz antes de que el contrato se cierre.
Acá no se trata de estar a favor o en contra de las privatizaciones en abstracto. Se trata de transparencia mínima en una operación que involucra el agua de 14 millones de personas. ¿Eso es pedir demasiado?