Ocho policías de Ulapes imputados por apremios ilegales: contradicciones sobre su situación administrativa complican la causa
Una causa judicial que sacude a La Rioja
Una seccional policial de Ulapes, localidad del sur de La Rioja, está en el centro de una investigación penal que involucra a ocho efectivos imputados por apremios ilegales. El caso tiene como punto de partida las denuncias de personas que aseguraron haber sido encapuchadas, golpeadas y presionadas para confesar delitos durante su detención en esa dependencia.
Qué se investiga
El expediente se sustenta en los testimonios de víctimas que describieron un patrón sistemático de violencia dentro de la comisaría: traslados forzados, capuchas y agresiones físicas con el objetivo de obtener confesiones. La gravedad de los hechos denunciados encendió las alarmas tanto en la justicia como en organismos de derechos humanos de la provincia.
El fiscal Julián de la Colina confirmó públicamente las imputaciones. Según detalló, la investigación alcanza a cinco policías que se encontraban de guardia al momento de los hechos, al comisario de la seccional, al segundo jefe y a otro oficial. Hasta el momento, no hay detenidos y continúan pendientes varias medidas judiciales solicitadas por las partes.
El problema de la prueba
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la investigación es la dificultad para identificar materialmente a los responsables. La defensa de los denunciantes advirtió que, como las víctimas tenían el rostro cubierto durante las agresiones, la individualización de los autores resulta compleja.
Ante esta situación, la querella exigió la preservación urgente de elementos probatorios clave: el libro de guardia de la seccional y los registros de las cámaras de seguridad. La solicitud busca evitar que esas pruebas sean alteradas o desaparezcan antes de que la justicia pueda acceder a ellas.
Contradicciones sobre el estado laboral de los imputados
El avance judicial convive con una zona gris en el plano administrativo. Mientras los primeros informes señalaban que el área de Asuntos Internos había dispuesto el apartamiento preventivo de todos los imputados, versiones posteriores indicaron que los efectivos se encuentran bajo licencias médicas o administrativas, pero sin una suspensión formal de sus cargos.
Esta contradicción generó una reacción directa de la querella, que presentó documentación certificada ante los organismos internos para reclamar mayor celeridad en los sumarios y una definición concreta sobre la situación laboral de los acusados.
La Secretaría de Derechos Humanos exige respuestas
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que interviene en el expediente desde sus inicios, también alzó la voz. El organismo reclamó celeridad tanto en la investigación como en el resguardo de las pruebas, advirtiendo que cada día que pasa sin definiciones claras pone en riesgo la integridad del proceso.
La causa sigue su curso sin condenas y con medidas aún pendientes de resolución. Lo que queda en evidencia es que el caso no solo pone bajo la lupa a ocho efectivos policiales, sino también a los mecanismos internos de control y disciplina de la fuerza en La Rioja.