Starlink en escuelas rurales: el negocio que desplaza a ARSAT y le costará el triple a las provincias
El gobierno de Javier Milei adjudicó a Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, la conectividad de 6.000 escuelas rurales de todo el país. La operación fue presentada como una donación, pero el esquema oculta un dato clave: cuando terminen los primeros dos años subsidiados, las provincias y municipios deberán pagar u$s 160 mensuales por establecimiento, casi el triple de lo que cobra ARSAT por un servicio similar.
Una “donación” con letra chica
El acuerdo fue estructurado bajo la figura de donación con cargo, un mecanismo legal por el cual el donante condiciona la entrega de bienes a un destino específico. En este caso, Starlink aportará 6.000 kits de conectividad satelital y dos años de servicio, valuados en aproximadamente u$s 10 millones. El Estado, a través del Fondo del Servicio Universal administrado por el Enacom, pondrá otros u$s 12 millones para instalación, soporte técnico y el tercer año del servicio.
El punto central de la controversia es que el “cargo” de la donación implica seguir contratando al propio donante. La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que, finalizado el plazo de 36 meses, serán las jurisdicciones adherentes las que deban asumir el costo mensual del servicio de Starlink.
El precio que nadie quiere comparar
Mientras Starlink cobra u$s 160 por mes por establecimiento, ARSAT —la empresa satelital del Estado— ofrece conectividad equivalente a u$s 60 o 70 mensuales. La diferencia no es menor: representa casi tres veces más por escuela y por mes.
Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT, fue directo al respecto: “Todos estos servicios los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin límites de datos. Actualmente lo estamos dando con el ARSAT-1 y el ARSAT-2”. También advirtió que el Estado nacional le debe a la empresa pública más de u$s 60 millones por servicios ya prestados en escuelas rurales.
Un contrato sin licitación ni transparencia
La velocidad con la que se cerró el acuerdo también generó críticas. Starlink presentó su carta de intención ante el Enacom el 15 de julio. Apenas nueve días después, el Gobierno oficializó la resolución que formalizó el programa “Conectividad satelital en establecimientos educativos de gestión pública”.
Para el analista en telecomunicaciones Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, el problema de fondo es la falta de competencia: “No fue a través de ningún mecanismo como concurso o subasta, en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta de conexión de las escuelas: con qué tecnología, con qué características y a qué precio”.
Además, señaló que quedan sin definir aspectos cruciales: cuál será el precio a partir del cuarto año, cómo se seleccionarán las escuelas beneficiadas y quiénes asumirán el costo cuando finalice el período de servicio garantizado.
Lo que el Boletín Oficial no dice
La resolución fue publicada en versión sintetizada y omitió parte del anexo. En ese fragmento ausente se establece que el costo de instalación de las antenas —abonado por el Fondo del Servicio Universal directamente a Starlink— podrá ser descontado del aporte del 1% que la propia empresa debe realizar al mismo fondo como licenciataria de telecomunicaciones.
El resultado práctico es llamativo: Starlink dona equipos, cobra por instalarlos con fondos públicos y descuenta ese pago de su propia obligación fiscal ante el Estado.
Las incógnitas que persisten
El Gobierno no difundió el listado de los 6.000 establecimientos que serán beneficiados, ni el reparto por provincias. El anexo de la resolución tampoco fija velocidad mínima, cupo de datos ni qué ocurre si una escuela supera el volumen comprometido.
Según datos del Ministerio de Educación de 2024, existen unas 18.000 escuelas rurales registradas en el país. ARSAT conecta actualmente de manera satelital a 1.845 de ellas y coordina la conectividad terrestre de otros 11.000 establecimientos a través de la Red Federal de Fibra Óptica.
Lo que sí está claro es que serán las provincias y municipios —y no el Estado nacional— quienes deberán firmar los contratos de adhesión y hacerse cargo del gasto a partir del mes 37.
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