Quintela le planta cara a la Corte Suprema: la pelea por la luz llegó al máximo tribunal
La guerra tarifaria entre La Rioja y el Gobierno nacional escaló a otro nivel. Ya no es solo un decreto provincial contra un cuadro tarifario impuesto desde Buenos Aires. Ahora hay un tercer jugador en la cancha: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobernador Ricardo Quintela salió con los tapones de punta este martes. A través de su cuenta de X, acusó al máximo tribunal del país de sumarse a lo que él llama “la alianza del ajuste”, junto a la Secretaría de Energía nacional y CAMMESA, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista. El blanco de la disputa es el decreto provincial que decidió no trasladar a los usuarios riojanos los aumentos en las tarifas de energía fijados por la Nación.
Para Quintela, la Corte no está actuando como árbitro imparcial, sino como parte. Habla de una “demanda judicial amañada” que busca poner en jaque la constitucionalidad de esa norma provincial. Palabras fuertes para apuntar al tribunal más alto del país.
El trasfondo de todo esto no es nuevo para los riojanos. EDELAR, la distribuidora local, dejó de pagar el ciento por ciento de la energía a CAMMESA después del congelamiento tarifario. La deuda acumulada ya supera los ocho mil millones de pesos. Y la Corte habilitó la demanda. El reloj corre.
Quintela lo encuadra como una cuestión de derechos: el agua, la energía y la conectividad, dice, están por encima de cualquier política de ajuste. Y reivindica la Constitución Provincial como su escudo.
Ahora bien, acá hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿hasta cuándo puede sostenerse un congelamiento tarifario sin que alguien pague la cuenta? Porque si EDELAR no le paga a CAMMESA, el sistema eléctrico no funciona por voluntarismo político. La energía tiene costos reales, y tarde o temprano esa deuda recae sobre alguien.
Quintela tiene razón en que el ajuste golpea fuerte a los riojanos, que según los últimos datos de la EPH son los que menos ingresos familiares tienen en todo el país. Pero la solución de fondo no puede ser solo resistir judicialmente. La pregunta que queda abierta es qué pasa si la Corte falla en contra. ¿Qué viene después?
Eso es lo que nadie está respondiendo todavía. Y es lo que los chileciteños, que también pagan la luz, tienen derecho a saber.